sábado, 28 de enero de 2012

EL DESPRECIO POLÍTICO AL FUNCIONARIADO

CONTRA LA BAJADA SALARIAL Y EL INCREMENTO DE JORNADA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

FRANCISCO J. BASTIDA CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL. Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

viernes, 6 de enero de 2012

Decretazo del gobierno Rajoy : el PP pasa a la acción

El decretazo del PP continúa la carrera de recortes suicidas para la mayoría social



El RD 20/2011 publicado el último día del año, supone una nueva agresión a todo el cuerpo de derechos de la mayoría social : trabajadores y trabajadoras con trabajo, funcionariado y personal laboral en las administraciones públicas, jóvenes en paro, personas dependientes, pensionistas de cualquier clase de pensión…






Así, los y las asalariadas, soportarán dos tercios de los 8.900 millones que supone de recorte el RD 20/2011, por medio de la subida del IRPF en sus nóminas con una media de 3/5 puntos a partir de febrero. El gravamen desde 0,75 puntos a 7 puntos, se hace por tramos, encontrándose en los tramos de ingresos bajos medios (desde 17.707 € a 120.000 €) más del 99% de todos los y las declarantes. En la horquilla de las rentas superiores a más de 240.000€ solamente encontramos al 1% de todos los y las declarantes por IRPF. Recordar además, que los salarios bajos/medios soportan más del 90% de los ingresos por IRPF.


Por su parte, las grandes fortunas, los ricos, los empresarios y los banqueros, tributan a través del Impuesto de Sociedades y de los chiringuitos financieros como las SICAV y estos tributos, no han sido tocados. Como tampoco se ha metido mano al fraude fiscal concentrado en grandes empresas y corporaciones financieras (fraude estimado en 74.000 millones de euros) y como tampoco se ha creado un Impuesto sobre las grandes fortunas y las transacciones financieras billonarias, que a diario especulan en los mercados.

Las personas que trabajan en las Administraciones Públicas, volverán a sufrir rebajas en sus salarios un año más : ahora se les aumenta el IRPF, luego perderán entre 2/5 puntos, se les alarga la jornada semanal en 2,5 horas lo que supone perder una media del 6,6% de sus salarios y no se les abonará el 0,3% de la masa salarial global para sus pensiones y no se contratará a nadie. Es un atentado en toda regla contra los Servicios Públicos, lo común, lo de todos y todas.

Los 8,8 millones de pensionistas, con pensiones anuales que en su mayoría (más de 4,7 millones) no llegan a 641€ mensuales y 1,8 millones se encuentra entre 700 € a 1.100 € mensuales, verán incrementadas sus pensiones 2012 en un 1%, es decir, una media mensual de 3,5 €. Además 6 millones de estos pensionistas perderán un 2,9% como consecuencia de no revisarles las pensiones en el 2011.

A los y las jóvenes se les elimina las ayudas a la vivienda, a las personas con necesidades y dependientes se les rebajan las prestaciones, a las personas más necesitadas y excluidas, se recortan las partidas para organizaciones sociales que se dedican a “paliar” necesidades que el “Estado del Bienestar” nunca ha llegado a cubrir.

En conclusión, el decretazo del PP, ahonda las políticas antisociales del Gobierno anterior : robo de rentas y derechos a la mayoría social (99% de la población y regalo para que los ricos (1%, grandes empresarios, financieros, mercaderes especuladores, ejecutivos y personal directivo, consejeros de empresas, banqueros y monarcas…) sean cada vez más ricos, a costa de una vida digna para todos y todas y a costa de seguir agrediendo irreversiblemente la vida en el planeta.

El 1% de la población (las personas ricas) que ingresan una media anual de 600.000 euros ; financieros e inversionistas que especulan con dineros públicos que reciben al 1% y hacen pagar a los estados y particulares el 5% - 8% ; banqueros y financieros que reciben miles de millones de euros de los fondos públicos y especulan, roban y se embolsan 2,34 millones de euros en salarios ; ministros de economía que son responsables de la crisis financiera causada por la banca de inversión (LB), ministros de defensa que se han pasado toda la vida en empresas de armamento lucrándose a costa de las armas y las guerras, presidentes del gobierno y políticos con patrimonios de 4/7 viviendas y más de 1 millón de euros anuales en sus declaraciones…. Esta minoría de personas, NO NOS VAN A SACAR DE LA CRISIS, pues su negocio se encuentra en crearnos más y más crisis. El 99% de la población : 18 millones de personas asalariadas, 5 millones de personas paradas, la juventud, los 8,8 millones de pensionistas, las personas dependientes, las excluidas, las necesitadas, somos quienes PODEMOS y DEBEMOS salir de sus mentiras, de sus estafas sociales, ecológicas, materiales, civiles… diciendo NO A SUS LEYES, DESOBEDECIENDO.


Desde CGT llamamos a la REVUELTA SOCIAL, A LA DESOBEDICIENCIA ANTE LA INJUSTICIA SOCIAL, A SUS LEYES, que sólo causan empobrecimiento y desigualdad, a la vez que se atenta cada día más contra el medio natural, el clima, la tierra.


Secretariado Permanente de la CGT